Organizaciones se solidarizan con pobladores reprimidos con violencia en Brasil
Por Eduardo Arce
Representantes de una docena de organizaciones sindicales, campesinas, de derechos humanos y políticas entregaron el miércoles último una carta al embajador de Brasil en Paraguay, Eduardo Dos Santos.
La carta, dirigida a la presidenta del Brasil Dilma Roussef, manifiesta el repudio de las personas y organizaciones firmantes al “desalojo violento del que han sido víctimas pobladores y
pobladoras de Pinheirinho” (Sao José dos Campos, Brasil).
El desalojo fue ordenado por el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin y el intendente de San José dos Campos, Eduardo Cury y ejecutado por la Tropa de Choque de la Policía Militar de San Pablo el pasado 22 de enero del 2012.
“Como organizaciones del pueblo trabajador del Paraguay, lamentamos que la violencia y la criminalización fueran una vez más la respuesta de las autoridades a los problemas sociales como lo es la falta de tierra y vivienda digna para las familias pobres”, dice la carta.
Foto 1: Parte de la delegación que estuvo en la Embajada de Brasil en Asunción entregando el petitorio
Denuncia también al Gobernador Alckmin, al Intendente Cury, ambos del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), así como a la jueza Marcia Loureiro, como responsables directos de todos los abusos y atropellos de los que fueron víctimas los pobladores de Pinheirinho.
“Solicitamos -reclaman los firmantes de la carta-, que el Gobierno Federal a su cargo, intervenga y arbitre de manera diligente medidas concretas a favor de la comunidad de Pinheirinho, como ser la restitución de las familias a sus hogares y la consecuente expropiación del terreno en cuestión”.
Desalojo violento
Pinheirinho es una comunidad ubicada en Sao José dos Campos, a 97 kilómetros de Sao Paulo, Brasil. Hace ocho años, más de 1.600 familias trabajadoras sin techo –unas nueve mil personas, de las cuales, 2.600 son niñas y niños-, ingresaron al predio y lo ocuparon para vivir. Construyeron sus precarias casas e iniciaron un proceso de luchas para conseguir la legalización de la ocupación. Está considerada la mayor ocupación urbana de América Latina.
El domingo 22 de enero, la Policía Militar (PM), a pedido del gobernador de Sao Paulo Geraldo Alckmin (del Partido Social Demócrata de Brasil) y por orden judicial de la jueza Marcia Loureiro, inició un violento desalojo de la comunidad del predio. Un operativo de guerra contra humildes familias trabajadoras sin techo está en curso.
Eran las 6 horas de la mañana cuando unos 2 mil efectivos de la tropa de choque de la PM, provenientes de 33 municipios cercanos, atacaron la comunidad con helicópteros, bombas de gas pimienta y lacrimógenos, balas de goma y incluso balas de fuego.
Desde el aire, la PM lanzaba gases contra los habitantes de la comunidad, trabajadores que sólo reivindican un lugar digno para vivir.
La policía reprimió de forma indiscriminada y durante la acción, muchos pobladores exhibían sus heridas causadas por los disparos de bala de goma. Hay infinidad de relatos de agresión policial contra ancianos, mujeres y hasta discapacitados físicos. Innumerables madres denunciaron que fueron impedidas, por la policía, de recoger a sus hijos dentro de la ocupación.
La decisión fue tomada directamente por el gobernador Alckmin y pasó por encima de la orientación del Tribunal de Justicia Federal que, el viernes 21 de enero ordenó suspender el desalojo que ya estaba preparado.
Foto 2: La policía atacó la comunidad con helicópteros, bombas de gas pimienta y lacrimógenos, balas de goma y incluso balas de fuego.
¿Por qué el desalojo de Pinheirinho?
La mano de la especulación inmobiliaria es la que está detrás. Como varios otros municipios del Brasil, São José dos Campos es balcón de intensas inversiones inmobiliarias. En el último año, el sector logró exorbitantes ganancias. El número de nuevas construcciones es 20% mayor que en el 2010, según la Asociación de Constructoras del Valle de Paraíba (Aconvap).
La zona sur, donde está ubicado Pinheirinho, es la región de la ciudad con mayor número de nuevas edificaciones inmobiliarias. Concentra 51 de las 143 nuevas construcciones.
Todo ese movimiento fue acompañado por innumerables proyectos de “revitalización” urbana de la gestión del intendente Eduardo Cury que son planes de “higienización urbana”, cuyo objetivo es expulsar a la población pobre lejos de los ojos de las élites y de la clase media.
El resultado fue la enorme expansión de la periferia de São José. Hay mucha plata en circulación. La previsión de la Aconvap es que el mercado inmobiliario de São José moverá más de 5,4 billones de reales hasta el 2014 (unos 3 mil millones de dólares), valor correspondiente al 25% del PIB de la ciudad.
El fraude de la empresa Selecta
El terreno en disputa es un latifundio urbano que no cumple ninguna función social desde hace décadas. Los impuestos nunca fueron pagados y hoy suman 7,5 millones de dólares. Sin contar que hay sospecha de fraude en los títulos de propiedad del terreno.
El propietario es Naji Nahas, un mega especulador internacional que se hizo famoso por especular y ganar mucho dinero con fraudes operando acciones de la empresa Vale do Rio Doce, del Banco del Brasil y de la Petrobras.
Nahas cumplió pocos meses de prisión en 1989 cuando ya había montado un imperio fraudulento de 30 empresas agrupadas en el holding Selecta Industria y Comercio. Se sospecha que la quiebra fraudulenta fue para poder escapar de una deuda de 40 millones de dólares. Para eso la empresa contó con la ayuda de la justicia que le decretó la quiebra para no pagar lo que debía. Es esa empresa quebrada de forma fraudulenta la que debe 7,5 millones de dólares a la intendencia de San José dos Campos.
Pese a campaña de difamación y calumnia que el gobierno y la prensa hicieron acusándolos de vagos, todos los habitantes del Pinheirinho quieren pagar su casita popular, quieren negociar con el poder público que los ignora.
Reacciones
La presidenta Dilma Roussef calificó de “barbarie” el desalojo de Pinheirinho durante una de las sesiones del Foro Social Temático que se desarrolló en Porto Alegre (Brasil) hasta el 29 de enero.
La secretaria de Derechos Humanos del gobierno de Roussef, Maria do Rosário, “hubo violación de los derechos humanos no sólo en la operación y en la destrucción de casas, sino también en la falta de preparación de un lugar adonde ubicar a los pobladores”.
El Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), calificó el desalojo de “operativo de guerra contra trabajadores y pobres”, responsabilizó a Alckmin y Cury de “garantizar la propiedad capitalista y aplacar la insaciable sed de lucro de los especuladores inmobiliarios” y exigió a la presidenta Roussef que “expropie el terreno para que las familias pobres de Pinheirinho puedan continuar viviendo en sus casas”.
Foto 3: Delegación de dirigentes sociales, de derechos humanos y políticos entregando la carta al embajador Eduardo Dos Santos
Solidaridad y reclamo
En nuestro país, el Partido de los Trabajadores fue el organizador de la acción que finalizó con la entrega de la carta al embajador de Brasil en Asunción, Eduardo dos Santos. Éste se comprometió a hacer llegar tanto la carta como la preocupación y el reclamo a la presidenta Dilma Roussef.
El petitorio entregado al embajador Dos Santos, estaba firmado por la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), Sindicato del CIPAE (Sitracipae), Asociación de Organizaciones Comunitaria Chacarita, Coordinadora de los Bañados de Asunción (COBAÑADOS), Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), Sindicato de Trabajadores de SENAVITAT, Sindicato del Club Centenario, Liga Obrera Marítima del Paraguay (LOMP), Sindicato de Cocineros Marítimos del Paraguay, Sindicato de Estibadores Marítimos, Coordinadora Regional de Agricultores de Itapúa (CRAI), Asociación de Agricultores de Alto Paraná (ASAGRAPA), Partido de los Trabajadores del Paraguay (PT) y el Servicio Paz y Justicia – Paraguay – SERPAJ-PY




